La AFI entregó a la Justicia las pruebas sobre los periodistas y dirigentes espiados

La Agencia Federal de Inteligencia entregó a la titular de la Fiscalía a cargo de Paloma Ochoa, las aproximadamente 500 fichas de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, entre otros, en el marco de la denuncia por producción de inteligencia ilegal presentada en la justicia federal. De esta manera, cumplió con el trámite demorado el viernes pasado por la desinfección de la sede de los tribunales.

Las pruebas aportadas a la causa radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, constan de la información de 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevados de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC.

La documentación aportada al expediente incluye además informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

La denuncia considera que los agentes involucrados (sobre quienes rige la reserva de identidad prevista en la Ley Nacional de Inteligencia); el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas, y la ex subdirectora general del organismo, Silvia Majdalani, violaron el inciso 2 del artículo 4 de la Ley N°25.520, que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Además, solicita la citación del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.