El gobierno de Bukele todavía no llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que le debe U$S1.300 millones. El organismo ya le había advertido que debía abandonar el bitcoin como moneda de curso legal ante los riesgos que eso conlleva para la «estabilidad e integridad financiera» del país.
Según cálculos de Bloomberg, las reservas en criptomonedas de El Salvador valen hoy U$S74 millones, un 28% menos que los U$S103 millones que pagó por ellos. Después de que el bitcoin se desplomara el lunes pasado, los bonos del gobierno cotizan a un 40% de su valor original.
Esto se traduce en una baja calificación crediticia para el país y es interpretado por el mercado como un gran riesgo de que incumpla su deuda. También implica pagar intereses más altos a los acreedores y no poder acceder a nuevos créditos internacionales.
Se espera que este año la deuda de El Salvador alcance el 86,9% del producto interno bruto (PIB). El presidente Bukele planea seguir adelante con su estrategia económica y hasta planifica la construcción de «Bitcoin City», una jurisdicción libre de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital.