Los principales abogados de Abbott y del fiscal general de Texas, Ken Paxton, se reunieron para debatir la medida, que pondría al estado en un choque frontal con el gobierno federal de Joe Biden al permitir que la policía estatal arreste y deporte a los inmigrantes, según informó The New York Times.
Abbott dice que sigue abierto a opciones, pero expresó su preocupación por las «consecuencias no deseadas» si no se toman medidas, consignó la agencia Europa Press. En un evento la semana pasada con miembros de las fuerzas de seguridad en San Antonio, el gobernador dijo que estaba considerando tomar esta medida, pero que no lo había hecho hasta el momento por las consecuencias legales.
«¿Es algo que estamos analizando? Sí», manifestó Abbott, del Partido Republicano, según la emisora local CBS. «Hay leyes federales por las que las fuerzas del orden pueden ser procesadas si toman a alguien sin autorización y lo devuelven inmediatamente al otro lado de la frontera», explicó.
El gobernador texano ya movilizó a miles de tropas de la Guardia Nacional para que vigilaran los puestos fronterizos y ordenó inspecciones de seguridad de los camiones provenientes de México, lo que provocó una interrupción del comercio internacional. Además, Abbott impulsó la construcción de 32 kilómetros de nuevas vallas fronterizas, destinó prisiones estatales para el internamiento de inmigrantes y utilizó colectivos para llevar a los inmigrantes desde Texas a Washington.
«Para ayudar a los funcionarios locales cuyas comunidades se ven agobiadas (…) Texas está proporcionando ómnibus chárter para enviar a estos inmigrantes ilegales, que han sido dejados por la administración de Biden, a Washington (…) donde la administración de Biden será capaz de resolver de manera más inmediata las necesidades de las personas que están dejando cruzar a través de nuestra frontera», señaló el gobernador.