La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones –algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.
Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un “simulacro de juicio”, remarcó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.
En este caso, denominado Golpe de Estado II, en el que Áñez y exjefes policiales y militares fueron procesados por decisiones contrarias a la Constitución, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era vicepresidenta segunda de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.
Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.
”En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas”, señaló Áñez.
Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.