El debate comenzó en octubre de 2020 y estuvo atravesado por los testimonios de decenas de exconscriptos de aquellos años. Según expresó Pablo Llonto, abogado de la querella, «hay mucha expectativa respecto del veredicto porque el proceso contó con elementos probatorios muy fuertes y muy sustanciales».
Para Ciro Annicchiaricho, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, «hay gran cantidad de material probatorio, por lo cual la expectativa sobre la sentencia es total».
La audiencia, que se realizará de forma presencial, está prevista para las 9.30 y comenzará con las últimas palabras de los acusados. Se transmitirá por el Canal La Retaguardia.
Llonto expuso que «la prueba ha sido muy específica, muy abarcativa de todos los elementos», y entre ellos citó «la aparición de restos humanos en la costa, los testimonios sobre esas cuatro víctimas (cuyos cuerpos fueron arrojados) vistas en Campo de Mayo; y sobre todo, los testimonios de los colimbas».
Del mismo modo, Rodolfo Novillo, hermano de Rosa Corvalán, una de las víctimas, se mostró muy «esperanzado» en que «después de estos más de 40 años de sucedidos los hechos, pueda haber, no sé si justicia, pero al menos paz, para que mi hermana descanse como nunca pudo hacerlo».
Rosa fue desaparecida en 1976 y su cuerpo encontrado meses después, ya en el año ’77, en la costa bonaerense, donde la Policía Federal lo enterró como NN hasta que finalmente se pudo acceder al análisis forense de los restos y se constató su identidad.
Durante el juicio, se analizaron las responsabilidades de un grupo de militares retirados en el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro personas en total, entre ellos, los estudiantes secundarios Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, que fueron secuestrados y mantenidos cautivos en Campo de Mayo, y cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas y fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Al inicio del debate, fueron cinco los acusados: el jefe de Comando Institutos Militares y multicondenado por crímenes de lesa humanidad, Santiago Omar Riveros, y los militares retirados Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi. Este último quedó fuera del juicio meses después de iniciado, debido a un deterioro irreversible en su salud.
A excepción de Riveros, el resto de los acusados eran pilotos militares e integraban diferentes áreas del Batallón de Aviación 601 que funcionaba en Campo de Mayo.
Por su parte, la fiscalía solicitó condenas de prisión perpetua para los cuatro acusados.
El pedido de penas del fiscal federal Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly coincidió con las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, la provincia de Buenos Aires y las que representan a familiares de víctimas particulares.