La Oficina Anticorrupción denunció a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por un supuesto direccionamiento de la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016. Según la denuncia, el Estado le pagó a una firma privada 35 millones de dólares, una cifra que superaba por más de 5 millones de dólares las licitaciones de firmas competidoras. También se acusa que el Estado abonó el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares que debía pagar la firma.