El Senado retomó este martes la discusión del proyecto de ley que pretende pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018 con fondos de argentinos que fueron fugados al exterior.
El Senado retomó la discusión sobre la creación de un fondo para pagar la deuda con el FMI
A través de un plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, se reanudaron las discusiones iniciadas a principios de abril que pasaron a cuarto intermedio durante la semana de Pascuas. Las iniciativas fueron presentadas a fines de marzo por un grupo de senadores del Frente de Todos, entre ellos el neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el formoseño José Mayans.
La audiencia cuenta con la asistencia de Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales (UBA), magister en Economía Política (Flacso) y licenciado en Sociología (UBA); Alfredo Zaiat, periodista, escritor y economista, y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
También figuran en la lista la abogada Jimena De la Torre, flamante consejera del Consejo de la Magistratura, y el contador Andrés Edelstein, socio de PriceWaterhouseCooper en Argentina.
El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos. La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo.
El texto sostiene que ese fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica, además, que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.
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