La inflación, las redeterminaciones tardías y los pagos que van de 75 a 285 días en las certificaciones continúan agravando la situación de la obra pública en Argentina. Los costos que deben afrontar ya provocaron un impacto notorio en muchas empresas, teniendo en cuenta que algunas de ellas llegan a perder hasta el 30% del total del ingreso proyectado, producto de la incompetencia del Estado en la falta de actualización de los montos.