Frente a las duras advertencias que está recibiendo el Gobierno por parte de la gran mayoría de los empresarios, de rebajas salariales, suspensiones y desvinculaciones, está bajo análisis en la Casa Rosada la publicación de un decreto de necesidad de urgencia que prohibiría los despidos y suspensiones durante un período determinado, mientras dure la emergencia provocada por la pandemia. Pero aún se está analizando los alcances de la norma, ya que el objetivo es que lo que salga luego se pueda cumplir.
Se trató, además, de un pedido expreso de la cúpula de la CGT, que venía advirtiendo serias complicaciones en el frente laboral por efecto de la cuarentena, a partir de la cual sólo una minoría de actividades sigue en pie. Concretamente, el líder cegetista Héctor Daer reclamó la suspensión de los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con el argumento de la necesidad de cuidar el empleo en este contexto.
Héctor Daer, de la CGT
Esos decretos habilitan a suspender sin pago salarial y despedir y pagar el 50% de la indemnización por casos de “fuerza mayor”. El debate es si el coronavirus es tomado como “fuerza mayor”. La suspensión de esas normas sería la opción de mínima que plantea la CGT, la de máxima sería la prohibición total, que no parece estar en los planes de nadie por el momento.
Fuentes oficiales afirmaron que la norma saldría en breve, pero que llegaría acompañada de un conjunto de otras medidas en beneficio del sector productivo. Una de las opciones es que se realice un acuerdo entre el sector empresario y los trabajadores para extender la suspensiones. De hecho, desde la UIA habían dejado trascender la semana pasada que quienes no están trabajando deberían tener un régimen de suspendidos, es decir, que cobren el 70% del salario.
La desesperación de las compañías, especialmente de las pymes, por estas horas es cómo harán para pagar los salarios, servicios e impuestos, ya que si bien la reapertura del clearing bancario benefició a algunos sectores, perjudicó a otros, que no tenían fondos para cubrir los cheques. Por otra parte, el cierre de los bancos está generando serias complicaciones para los firmas que necesitan depositar efectivo para luego saldar sus obligaciones. El Gobierno y los bancos anunciaron líneas de crédito a una tasa fija del 24% con tres meses de gracia, pero aún así muchas empresas no logran acceder.
Desde la CGT esperan la convocatoria del Gobierno para acordar cómo sería el mecanismo que regirá durante la crisis, mientras que desde la UIA aseguran aún no tener conocimiento del tema y remarcan que el contexto actual debe ser considerado como “fuerza mayor”.
El abogado laboralista y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que no se pueden pagar los salarios plenos en sectores que no están trabajando
Trascendió, de fuentes empresarias que la decisión de avanzar con la suspensión de los dos artículos de la Ley de Contratos de Trabajo propuestos por la CGT llegaría acompañada por un probable acuerdo de reducción de sueldos para aquellas actividades que no están en actividad por la cuarentena, lo que aliviaría al sector privado en el actual contexto. “Yo creo que hay que encontrar soluciones. No se puede tener paralización de actividades a salario pleno, y además esto implica sobrecostos muy grandes e imposibles de afrontar desde el punto de vista financiero. El camino del dialogo está”, remarcó el abogado laboralista y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, esta mañana en declaraciones radiales.
Un acuerdo de estas características aflojaría la tensión generada en los últimos días en las empresas ante la falta de anuncios por parte del Gobierno y ante las marchas y contramarchas en materia laboral que hubo por parte del Ministerio de Trabajo. “Con la resolución 219 que salió hace 15 días se les permitió a las empresas pagar los sueldos entre el 20 y el 31 de marzo de forma no remunerativa, por lo que las firmas se ahorraron 25% de la contribución patronal. Ahora está al salir otra resolución que deroga la 219. Hay un fuerte malestar en el sector empresario”, aseguró a Infobae el Coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercion (CAC), Esteban Mancuso.