Italia dictó una nueva ley para frenar las fiestas clandestinas que establece como condena entre 3 a 6 años de cárcel y multas entre 1.000 a 10.000 euros. Así lo anunció la primera ministra Giorgia Meloni para ponerle un fin a “la invasión de lugares para reuniones peligrosas para el orden o la salud pública”.