La Justicia ordenó la inhibición general de bienes de la empresa Buquebus por más de $123 millones por la falta de reintegro de fondos hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en concepto de importes que la empresa había recibido para cumplir con el pago del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).