El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva desplazó de sus cargos a 18 jefes de la Policía Federal y a 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Caminera Federal de Brasil. La iniciativa se tomó como continuidad a la decisión de despedir a militares afectados a la seguridad del Palacio del Planalto tras los ataques golpistas del 8 de enero.